Legisladores y representantes del MP analizan el impacto de red de Cámaras Gesell para reducir impunidad y prevenir revictimización.
La Comisión de Familia, Niñez, Juventud y Adulto Mayor del Congreso Nacional, presidida por la diputada Alejandra Vallecillo, llevó a cabo este miércoles una reunión de trabajo estratégica con representantes del Ministerio Público (MP) y del Comité Asesor Técnico Interorganizacional contra el Abuso Sexual Infantil (ASI).
La jornada tuvo como eje central la búsqueda de mecanismos para robustecer el sistema de atención y protección para niñas, niños y adolescentes (NNA) víctimas de violencia sexual en Honduras.
Durante la reunión, se expuso la crítica realidad que atraviesa el país, reflejada en un reporte oficial que detalla 9.523 denuncias por violencia sexual recibidas entre 2024 y 2025.
Del total, un 38 % corresponde a casos donde las víctimas son niñas, niños y adolescentes, una cifra que demanda una respuesta estatal inmediata y especializada.
Justicia técnica frente a la crisis
La jefa del Departamento de Cooperación, Gestión de Programas y Proyectos Externos del Ministerio Público, Irina Helena Pineda Aguilar, presentó el modelo de adecuación de la red de Cámaras Gesell a nivel nacional.
Explicó que este sistema, calificado como una inversión estratégica, se sustenta en pilares fundamentales para proteger la dignidad de los menores:
Seguridad psicológica: Utilización de ludotecas para establecer un «rapport» clínico (vínculo de confianza) previo a las entrevistas, lo cual reduce significativamente los niveles de ansiedad y estrés traumático.
Privacidad y aislamiento: Implementación de tecnología de punta, incluyendo vidrio unidireccional y aislamiento acústico, que garantiza que la víctima no tenga contacto visual ni auditivo con su agresor ni con el entorno público, eliminando cualquier interferencia externa.
Eficiencia judicial: El modelo permite la recolección de testimonios bajo la modalidad de Prueba Anticipada en un plazo de 24 a 48 horas, cumpliendo con los objetivos de justicia ágil y respaldo legal amparado en los artículos 124 Constitucional y 237-A y 237-B del Código Procesal Penal.
Hacia una política de Estado contra la revictimización
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Vallecillo, diputada liberal por Cortés, enfatizó que el enfoque principal de esta gestión es aplicar una estricta «política de no revictimización».
Esto implica que el sistema debe estar diseñado para que la víctima rinda su declaración una única vez, garantizando que esta prueba sea válida legalmente y mantenga los más altos estándares técnicos internacionales, añadió.
“Los datos reflejan una urgencia de actuar. Detrás de cada estadística hay un menor en riesgo que depende de que el sistema cuente con las herramientas forenses y las condiciones humanas adecuadas”, destacó.
Compromiso legislativo y participación interinstitucional
La reunión concluyó con el compromiso de la comisión legislativa de continuar acompañando los esfuerzos del Ministerio Público para fortalecer la infraestructura a nivel nacional para abordar los casos de abuso sexual.
Si bien se han registrado 1.147 audiencias en Cámaras Gesell durante el bienio 2024-2025, los legisladores reconocen que la magnitud de las 9.523 denuncias totales obliga a una expansión constante de estos centros especializados en las ciudades con mayor incidencia, como San Pedro Sula y Tegucigalpa.
Este espacio de diálogo reafirma la voluntad del Poder Legislativo de construir una agenda participativa, donde la protección de la niñez sea el eje transversal en la asignación de recursos y el fortalecimiento institucional, garantizando un sistema de justicia más humano, digno y eficiente.
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