El comisionado presidente de la Junta Interventora de la Oficina
Administradora de Bienes Incautados (OABI), Hugo Suazo, denunció hoy
la violación al debido proceso por parte del Juzgado de Letras Seccional
de Tocoa, Colón, que ordenó embargar una cuenta por un valor de 35.4
millones de lempiras.
Suazo, en compañía de sus más cercanos colaboradores, anunció un
recurso de amparo para neutralizar esta resolución judicial que a su
juicio podría estar vinculada a un posible prevaricato.
Cuando la empresa Centro Médico El Atlántico, fue incautada por el
Estado en 2018, los empleados entablaron una demanda en materia
ordinaria laboral por concepto de pago de prestaciones y derechos
adquiridos.
“Los demandantes no siguieron el procedimiento establecido, primero
tienen que demandar a la Procuraduría General de la República, ya que
es el abogado del Estado, la Procuraduría contestará la demanda,
sustituyendo poder en un abogado de la OABI, cosa que no sucedió”,
explicó Suazo.
“Se fueron directamente con la OABI, dice el juez que no pudieron
encontrar a la OABI en ese momento, no sé si este edificio se mueve de
aquí”, añadió.
¿Cómo es posible que no encuentran a un Director, al Procurador
General de la República, eso es inconcebible. Ya con la segunda
intención nombran a un Curador Adlitem”, continuó el comisionado de
la OABI.
Explicó que la cuenta que administra la OABI, que fue objeto de
embargo, corresponde a muchos casos de incautación, no es exclusiva
de la empresa donde laboraban los empleados que demandaron.
