El presidente del Barcelona, Joan Laporta, ha sido imputado por presunto cohecho por los pagos realizados por el club catalán a empresas vinculadas al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, de acuerdo con últimas informaciones.
La fiscalía Anticorrupción había excluido a Laporta de la investigación por los 7.3 millones de euros que el Barça pagó a Negreira y a su hijo entre los años 2001 y 2018 al entender que la participación del actual presidente del club había prescrito.
Sin embargo, el juez instructor del caso Negreira, Joaquín Aguirre, amplió el periodo de la investigación e imputa a Laporta por los pagos realizados entre julio de 2008 y 2010, cuando el dirigente cumplía su primera etapa como presidente del Barcelona.
El juez instructor recuerda en su escrito al que tuvo acceso la agencia EFE que los hechos investigados pueden constituir, entre otros, un delito de cohecho continuado, por lo que, de acuerdo con el Código Penal, el plazo de prescripción es de diez años desde el día en que se llevó a cabo la última infracción penal o cesó la conducta delictiva, en este caso julio de 2018, fecha del último pago a Negreira y su hijo.
La pena que se podría imponer a Laporta, y sus colaboradores, en caso de demostrarse el delito continuado de cohecho sería de entre seis y siete años y medio. El juez considera que a pesar de que no se ha probado hasta el momento que los pagos a Enríquez Negreira fueran realizados para favorecer al club azulgrana en los arbitrajes, dichos desembolsos «sí le debieron beneficiar en detrimento del resto de clubes de Primera División o de sus rivales en la Copa del Rey».
Fuentes del club admiten conocer la imputación «por las informaciones que se han publicado» y, aunque sin ocultar su «sorpresa» por la decisión del juez, esperan a tener la denuncia en su poder para actuar.
El magistrado disiente con el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que excluyó a Laporta de la denuncia presentada por el pago de 7.3 millones de euros que el Barcelona pagó a Enríquez Negreira y su hijo desde 2001 y 2018, argumentando que la participación del presidente durante su primer mandato entre 2003 y 2010 ya había prescrito.
Según el informe de la Agencia Tributaria que motivó el caso, durante su primera etapa las distintas juntas lideradas por el presidente azulgrana pagaron cerca de 1.5 millones de euros al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, de los que fueron aproximadamente un millón durante los tres últimos años, los que han motivado esta nueva imputación.
La causa se limitaba hasta ahora a partir de los pagos realizados a partir de 2013, aplicándose para ello el plazo de diez años de prescripción desde que se admitió la querella en marzo de 2023, pero el juez Aguirre entiende erróneo ese cálculo por cuanto según el Código Penal considerándose un delito continuado de cohecho la investigación se debe ampliar hasta diez años desde el último hecho punible, que se habría producido en julio de 2018, momento en que el Barcelona presuntamente pagó por última vez a Negreira.
A pesar de que Enríquez Negreira no era funcionario, tal como establece la ley para un delito de cohecho, el juez alega la existencia de suficiente jurisprudencia en el caso, existiendo dicha condición a «efectos penales» porque Negreira realizaba funciones públicas desde su cargo de vicepresidente del CTA, entre ellas las calificaciones a los árbitros y sus ascensos y descensos. En este aspecto el Barcelona ya recurrió ante la Audiencia de Barcelona esa imputación por cohecho, advirtiendo que Negreira no puede ser considerado funcionario a efectos penales.
De esta manera Laporta se añade a Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, expresidentes del club y ya imputados en su día, además de incluirse en la imputación al actual mandatario a los demás miembros de la directiva de aquel momento que tuvieran responsabilidad en los pagos realizados a José María Enríquez Negreira y su hijo Javier Enríquez Romero.
El juez Aguirre ya decidió imputar un delito de cohecho al Barcelona como entidad jurídica, rechazando la solicitud del club de personarse como acusación particular y advirtiendo que Joan Laporta actuó en su primera etapa de forma «idéntica» a Rosell y Bartomeu.
