La Agencia Tributaria advirtió en abril de 2022 a la Fiscalía de que no había podido acreditar que los pagos del FC Barcelona al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira hubiesen influido en la designación de colegiados o alterado los resultados de los partidos.
Según el informe que recoge el sumario de la causa del ‘caso Negreira’, el fisco sostiene que el exdirigente arbitral facturó al Barça más de 7,5 millones de euros sin que se respondiese «a una actividad económica acreditada», si bien puntualiza que “no consta prueba alguna en cuanto a que pudiera influir en los resultados”.
Hacienda puntualiza que “esa falta de acreditación y explicación” podría ser “un indicio” de que las facturas podría estar encubriendo servicios ilícitos como comerciar con información reservada del comité arbitral, influir en las designaciones arbitrales o participar en la alteración de resultados.
No obstante, subraya que estas conductas “no han quedado acreditadas en el procedimiento inspector”, como tampoco consta, según la Agencia Tributaria, pagos a ningún árbitro.
Hacienda llegó a estas conclusiones, pese a que, en su querella, la Fiscalía sostiene que, a través de los presidentes Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, el club azulgrana “alcanzó y mantuvo” un “acuerdo verbal estrictamente confidencial” con el entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros para que “a cambio de dinero” realizase “actuaciones tendentes a favorecer al FC Barcelona en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase” y en los “resultados de las competiciones”.
En su informe, la Agencia Tributaria también acredita todas las salidas en efectivo entre los años 2016 y 2019 desde la cuenta corriente de DASNIL 95, una de las sociedades con las que José María Enríquez Negreira facturaba al Barcelona.
En ese periodo, se sacaron 557.871,52 euros en efectivo de los 1,6 millones de euros que la DASNIL 95 facturó entre los años 2016 y 2018, el periodo investigado por la Fiscalía.
Hacienda y la Policía Nacional aseguran asimismo en el informe que estas retiradas en efectivo podrían estar vinculadas a pagos a terceros.
